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En el ámbito internacional, existen casos famosos de personas buscadas por la justicia española que han logrado evadir su extradición debido a la falta de acuerdos bilaterales entre España y otros países.
China es un país que tiene una política de no interferir en los asuntos internos de otros países y no está dispuesto a extraditar a personas a países que no tienen tratados de extradición con ellos.
Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema acogió la solicitud de la justicia italiana y otorgó la extradición de tres exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet, condenados a cadena perpetua en Italia por su participación en torturas, desapariciones y ejecuciones de ciudadanos ítalo-chilenos durante la Operación Cóndor en los años 70. Se trata del antiguo coronel Rafael Ahumada Valderrama, el exsuboficial Orlando Moreno Vásquez y el exbrigadier Manuel Vásquez Chauan, sentenciados por el Tribunal de Apelación de Roma en 2019. La extradición permitirá cumplir las penas impuestas por homicidios específicos, aunque se rechazó la entrega por uno de los crímenes ya juzgado en Chile. Los requeridos tienen procesos pendientes en Chile y la extradición no los eximirá de sus responsabilidades penales en el país.
Esto significa que si España ha entregado previamente a un fugitivo a ese país, este podría aceptar la solicitud de extradición sin necesidad de un acuerdo formal.
España puede solicitar la colaboración de otros países para llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento de una persona que se encuentra en un país sin extradición, así como aplicar medidas de presión diplomática o económica.
En ausencia de un acuerdo de extradición, los países pueden recurrir a procesos de extradición alternativos, como la entrega temporal o la expulsión. Estas medidas permiten que una persona sea transferida a otro país para ser juzgada, aunque no exista un acuerdo official de extradición.
La falta de acuerdo de extradición entre países puede ser un obstáculo para la justicia y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.
Si una persona comete un delito en España y huye a un país sin extradición, la justicia española no podrá solicitar su entrega a ese país y deberá buscar otras alternativas para juzgar al acusado.
Junto a Ayari, también fue arrestado en Haarlem un coacusado, un hombre de 27 años de nacionalidad colombiana. Ambos detenidos permanecen totalmente incomunicados y solo están en contacto con sus respectivos abogados.
Rusia es otro país que no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos. Si alguien comete un delito grave en los Estados Unidos y huye a Rusia, es poco possible que las autoridades estadounidenses puedan llevarlo de vuelta.
Ante toda corte que se respete, la frase “podría deducirse que…” tiene que ser sustituida por “queda probado que…” Por lo tanto, dirigir la atención hacia los elementos de prueba de que intenta valerse la acusación para vincular al inculpado con el objeto del delito, es una estupenda estrategia defensiva. - Grado de participación. No se sanciona igual a los países sin extradición con ningún país autores directos, que a los autores intelectuales o artworkífices, o a los cómplices, como tampoco es fileácil probar indubitadamente que el sujeto calza en una u otra de dichas formas de participación. - Prestar especial atención a elementos que agravan la situación penal del defendido, o que acrecientan la responsabilidad penal, porque estos son los que reducen el marco de posibilidades de los resultados, tales como: La comisión del delito con motor vehicleácter continuado, atentados contra el medio ambiente, uso de menores de edad, vinculación con organizaciones mafiosas, presencia de otros delitos directamente relacionados como corrupción político-administrativa, uso de sicarios, coacción, extorsión y chantaje.
Estos acuerdos proporcionan un marco authorized claro y establecen los procedimientos para la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos. Además, permiten una mayor agilidad en la cooperación judicial y evitan la aplicación de soluciones alternativas menos efectivas.
Además, puede dificultar la cooperación judicial entre España y estos países en otros ámbitos, como la investigación de delitos transnacionales.
A pesar de que España ha solicitado la extradición de varias personas relacionadas con este caso, las autoridades rusas se han negado a entregar a los acusados, alegando que la Constitución rusa prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
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